La firma del convenio a finales de noviembre entre la Consejería de Educación en Andalucía y las compañías Google y Microsoft dio luz verde al acceso “oficial” de los centros educativos públicos andaluces a los servicios digitales de estas dos compañías de forma gratuita. El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, enmarcó esta actuación en “la Estrategia Digital de Educación de Andalucía que la Consejería ha puesto en marcha este curso en todos los centros docentes». 

Los responsables de Educación en las compañías destacaron que esta colaboración público-privada ayudaría a los centros a diseñar su propio proyecto educativo y hablaron del elefante en la habitación: el uso de datos. El convenio garantiza que, en los servicios prestados a través de este perfil corporativo, Google y Microsoft únicamente hacen uso de los datos que se almacenan y comparten para la propia prestación del servicio, aclarando que el responsable de los datos es la Consejería de Educación y Deporte; tampoco permite el uso de los datos para la realización de perfiles o fines publicitarios.

Gritde, el grupo de Reflexión sobre Tecnologías Digitales Educativas de la AMPA del Gómez Moreno

Manuel es padre de dos alumnas en el CEIP Gómez Moreno de Granada. Preocupado por la noticia de que el centro educativo iba a incorporar Google Suite, y sus niñas tenían que abrirse un correo gmail para utilizar la herramienta online, preparó y presentó a la AMPA de la escuela una propuesta para crear un grupo de reflexión e información sobre tecnologías digitales que abarcara a toda la comunidad educativa del Gómez Moreno, con “la idea de que mis hijas de repente iban a convertirse en usuarias digitales pero no habían recibido una instrucción específica en tecnología digital, me hizo reaccionar; yo quiero que sepan utilizarlas con conciencia, que sepan qué es y de qué se tienen que proteger”. Manuel propuso un espacio de debate donde familias, profesorado y alumnado pudieran elaborar una ‘Guía de buenas prácticas éticas’ con la que poder caminar juntos en la ya ineludible digitalización.


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El Gómez Moreno no se rinde

Las madres y padres del alumnado del Gómez Moreno se han encerrado esta semana junto a sus hijos en el propio colegio para presionar a la Junta de Andalucía.

Así es cómo se formó el Gritde (Grupo de Reflexión e Información sobre Tecnologías Digitales Educativas), como una comisión de la AMPA del Gómez Moreno que quiere aplicar los principios del comedor escolar del centro educativo a la enseñanza digital: con usos de los circuitos cortos y un consumo responsable y sostenible a través de proyectos como el reciclaje de material informático —algo que ya han realizado gracias al profesor responsable del programa de Transformación Digital Educativa en el cole— y con otra idea: la utilización de software libre para lograr una futura autonomía digital del centro. “Me gustaría lograr que el Gómez Moreno tuviera su propia plataforma educativa digital; para niños de 8, 9 ó 10 años no se necesitan programas muy complicados, quizás para el instituto o la universidad ya necesitan algo más desarrollado”, declara Manuel. El grupo se ha marcado como objetivo auditar las necesidades del profesorado; contar con expertos en el tema: informáticos, psicólogos, abogados, asociaciones; utilizar la experiencia de otros coles; buscar talentos informáticos e incluso proponer un convenio con la UGR para conseguir un ‘Moodle Gómez Moreno’, práctico y operativo, que pueda ofrecer una alternativa a las herramientas de las big tech.

La mala reputación

Los antecedentes no son halagüeños. En septiembre del año pasado, y mediante un acuerdo, Google y YouTube aceptaron pagar 136 millones de dólares a la Comisión Federal de Comercio y 34 millones al estado de Nueva York por violar la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet, al recopilar ilegalmente información personal de niños sin el consentimiento de los padres. La fiscal general de Nueva York emitía un comunicado en el que informaba que “Google y YouTube supervisaron, rastrearon y publicaron anuncios dirigidos a niños pequeños a sabiendas e ilegalmente solo para que siguiera moviéndose el dinero de la publicidad”. El acuerdo estipulaba, según relata un artículo, que Google y YouTube “desarrollen, apliquen y mantengan un sistema que permita a los propietarios de canales identificar su contenido dirigido a niños en la plataforma de YouTube para que YouTube pueda garantizar que cumple con la ley”. 

En menos de dos años, Bruselas impuso a Google multas por algo más de 8.250 millones de euros por diferentes “abusos” en sus prácticas. En marzo del año pasado, los analistas señalaban “lo abultado” de las multas, pero también que “los beneficios obtenidos por la compañía con sus prácticas anticompetitivas son mayores”, y apuntaban que solo en Bolsa, la compañía ha pasado de tener una capitalización equivalente a 430.000 millones de dólares en 2010, cuando comenzó la investigación, a un poco menos de 700.000 millones en 2019. Parece obvio que a la empresa le sale a cuenta pagar las sanciones.


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Educación patrocinada por Google

Familias, asociaciones y sindicatos alertan sobre los peligros de que los escolares tengan obligatoriamente su propia cuenta de Gmail desde los 10 años y trabajen con el ordenador portátil Chromebook.

Ana Valdivia es doctora en Inteligencia Artificial por la Universidad de Granada. Durante más de 5 años ha colaborado en proyectos relacionados con el análisis de datos y el aprendizaje automático. En 2018 fue becada por la University of Chicago para colaborar con el Ministerio de Educación de El Salvador y actualmente es investigadora postdoctoral en el King’s College of London, donde analiza el impacto que la inteligencia artificial tiene sobre la comunidad migrante. A Ana le preocupa la protección de datos de menores: “no creo que las compañías que dicen cumplir con las leyes de protección de datos no lo hagan pero de lo que no estoy segura es de que guarden los datos en servidores situados en suelo europeo”. Nos explica que estas empresas suelen tener los datos almacenados en lugares remotos a muy baja temperatura y se pregunta: “¿Quién controla y audita la recolección y almacenamiento de datos?, ¿Cómo sabemos que esos datos de menores realmente están en territorio europeo?”.

Otro aspecto que destaca es la monitorización digital del rendimiento del estudiante sin tener en cuenta su contexto social porque “analizan por ejemplo que un estudiante deja de hacer los deberes en un momento dado, pero quizás su contexto social es el de ser el hermano mayor que ha tenido que preparar la merienda de sus hermanos; hay por tanto un debate ético en la elaboración de estos algoritmos. ¿Qué se hace con esos datos? ¿Se les proporciona a las madres, a los padres, a las profesoras del colegio? De nuevo, ¿quién los audita?”.

Ana Valdivia (investigadora en Inteligencia Artificial): “en muchos de los comités de expertos que asesoran a los Gobiernos hay personal de las propias big tech. ¿Qué independencia pueden tener entonces?”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó hace una semana la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial con una inversión de 600 millones de euros hasta 2023; para Ana Valdivia es fundamental destinar parte de esa financiación a la protección de los derechos ciudadanos y crear un comité de auditores independientes que supervisen estos temas, un equipo de personas expertas en análisis de datos, en software, en diseño, en derecho y tecnología. Lamenta que esto no suceda y que “en muchos de los comités de expertos que asesoran a los Gobiernos hay personal de las propias big tech. ¿Qué independencia pueden tener entonces?”, para Valdivia es correcto que les tengan en cuenta y escuchen su opinión, pero “es la sociedad civil la que tiene que estar representada”, y señala el caso de Lorena Jaume-Palasí, miembro del grupo de sabios sobre IA y Big Data creado por la Secretaría de Estado de Agenda Digital; “tiene que haber más personas como ella”. Para Valdivia necesitamos de la crítica constructiva para avanzar y “en España no se potencia ser crítica; si lo eres, te señalan con el dedo y realmente es mediante la crítica como se avanza”.

Las pantallas no son escuelas

Enrique Javier Díez Gutiérrez es doctor en Ciencias de la Educación, ensayista y profesor titular de la Facultad de Educación en la Universidad de León, además de defensor de la educación para el bien común. Advierte que la gratuidad de estas aplicaciones en los centros escolares es un arma de doble filo que, por un lado, crea una dependencia tecnológica y, por otro, evita la inversión de dinero público en la apuesta por el software libre. 

Entiende que si internet se ha convertido en algo esencial para muchos aspectos de nuestra vida debería tratarse como un bien común de utilidad pública sin fines de lucro, “se trata de asaltar los cielos socializando la nube y creando infraestructuras digitales públicas, para poner en manos del común los nuevos medios de producción digital y avanzar hacia la democracia digital”. Considera terrible el hecho de que no haya una red pública y que, en las zonas rurales, las escuelas sufran un apagón tecnológico porque “si no hay una red pública no se hace negocio llevando el servicio a las escuelas rurales, por eso una de las peticiones de la España Vaciada es que haya una red pública digital”. 


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La educación que diseña Silicon Valley

Las empresas tecnológicas más poderosas del mundo comienzan a experimentar con métodos pedagógicos en los que los docentes son redundantes y la obtención de datos el principal fin de todo el sistema educativo.

A Enrique le preocupa que se pretenda introducir la tecnología desde el periodo de Educación Infantil, que cada vez se den más casos de hiperactividad entre niños y niñas, y el modelo de sobreestimulación permanente de la tecnología, instalado a través del relato de la modernización y la innovación en la educación; para él se ha desplazado el marco del debate: “estamos olvidando qué es lo que estamos haciendo y para qué, y ese ‘para qué’ parece cada vez más neoliberal conservador y está sustituyendo como si fuera inevitable la lógica democrática del bien común en la educación pública por la lógica del interés y el beneficio del mercado basado en el interés empresarial”.

Enrique Díez (prof. Ciencias de la Educación): “Todo bajo la máxima de ‘la instrucción’, cuando la educación es mucho más que la información que te pueda proporcionar un sistema tecnológico”

Díez señala que las compañías compiten por extraer los datos académicos del alumnado, sus antecedentes educativos, trayectorias y preferencias, para predecir y personalizar después la lista de las materias educativas y en el futuro reemplazar al profesorado y las comunidades educativas por sistemas tecnocráticos de inteligencia artificial que se encarguen de monitorizar, cuantificar y puntuar los resultados de los estudiantes. “Todo bajo la máxima de ‘la instrucción’, cuando la educación es mucho más que la información que te pueda proporcionar un sistema tecnológico, ¿Dónde está la relación humana?, ¿Cómo se construye cohesión social, convivencia, emancipación, emociones, en un espacio virtual? las pantallas no son escuelas, este es el gran problema”.

El profesor Díez apuesta por un modelo de software libre del profesorado donde no se traduzcan los libros de texto a libros digitales manteniendo el mismo esquema, lamenta que se hayan dejado morir espacios como Guadalinex “o cualquier iniciativa de software libre o de colaboración entre el profesorado de forma compartida” y señala que necesitamos la relación humana en la construcción educativa, “en la pandemia hemos visto que un 30% del alumnado estaba ‘desenganchado’, no solo por no tener acceso a dispositivos o la red, que también; sino porque el alumno con más dificultades asocia el acceso tecnológico al acceso a videojuegos y lo tiene relacionado con el ocio, no le engancha un modelo educativo tecnológico”. 

¿Moodle o Clasroom?

CGT Andalucía ha elaborado un Decálogo sobre el uso de Moodle frente a Classroom, un documento puesto a disposición de los docentes donde defienden “el derecho a la privacidad de los trabajadores y de nuestro alumnado” y razonan sobre lo que consideran la falta de coherencia de trabajar en la Educación Pública y usar plataformas privadas o software privado.

Nacho Contel (Enseñanza CGT-A): “Se ha apostado desde la Administración por la privatización como un regalo envenenado, como está ocurriendo con la sanidad pública”

Nacho Contel, secretario de Acción Sindical de la Federación Andaluza de Enseñanza de CGT nos relata que entre el profesorado hay quejas sobre el uso de Moodle porque es poco intuitivo, y nos explica que si a un claustro le dan a elegir y puede elegir un Moodle que no funciona bien, donde tiene que pasar muchísimo tiempo preparándose para hacer los cursos o un Classroom que es completamente intuitivo, “en ese momento ya no se plantean si los datos están llegando a Google y que luego los vayan a utilizar”. Señala que esas quejas muestran que los fallos en las plataforma son debido a una falta de inversión, que no soportan todo el peso por falta de mantenimiento, de personal… “Se ha apostado desde la Administración por la privatización como un regalo envenenado, como está ocurriendo con la sanidad pública”. 

Sin embargo, gran parte del profesorado se ha sentido aliviado con la formalización de las herramientas digitales privadas más intuitivas y que ya estaban usando ante la dificultad que encontraban con la plataforma educativa de la Consejería, “sesiones que expiran rápido, problemas con la exportación de datos —clasificaciones, informes, creación de cursos—; la plataforma Moodle no es operativa ni intuitiva, tiene demasiadas cosas en diferentes lugares que no la hacen práctica y fácil de usar”.  

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